El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, un hito importante en la lucha por un sistema alimentario más eficiente, justo y respetuoso con el medio ambiente. 

Esta normativa busca reducir de forma significativa el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

¿Qué cambia con esta ley?

La ley establece una serie de medidas obligatorias para combatir el desperdicio alimentario en diferentes niveles:

• 🛒 Supermercados y comercios deberán priorizar la donación de productos no vendidos pero aptos para el consumo.

• 🍽️ Bares y restaurantes ofrecerán envases gratuitos y reciclables para que la clientela pueda llevarse la comida no consumida.

• 🥕 Se fomenta la venta de productos “imperfectos”, con defectos estéticos o de tamaño, para reducir el descarte de alimentos válidos.

• 🌾 Las empresas del sector agroalimentario deberán elaborar planes de prevención y priorizar el aprovechamiento alimentario.

• ♻️ Los alimentos no aptos para el consumo humano se destinarán, preferentemente, a alimentación animal, compostaje o usos industriales.

¿Y las sombras?

Aunque esta ley supone un avance necesario, existen aspectos que generan dudas o dejan margen para la mejora:

• 🔍 Falta de concreción en algunos puntos clave, como los criterios para valorar qué se considera "evitable" o "aprovechable", lo que podría dificultar la aplicación práctica.

• 📊 Carencia de herramientas de medición claras y homogéneas para evaluar el impacto real de las medidas adoptadas.

• 🧩 Limitada capacidad de control e inspección, lo que podría dar lugar a incumplimientos no detectados, especialmente en pequeños establecimientos o zonas rurales.

• 👩‍🌾 Poca atención al origen estructural del desperdicio, como los precios en origen, las condiciones de los contratos con productores o la sobreproducción inducida por el mercado.

Una oportunidad colectiva

Más allá de las medidas legales, esta ley debe entenderse como una llamada a la acción colectiva. Consumidores, productores, comercios, administraciones y entidades sociales tenemos la oportunidad de redefinir nuestra relación con los alimentos. Porque detrás de cada alimento desperdiciado hay recursos naturales, trabajo humano y oportunidades de solidaridad.

Desde nuestro espacio, apoyamos todas las iniciativas que fomenten un consumo consciente y responsable. Seguiremos muy de cerca la evolución de esta ley y su aplicación real en el día a día.